El diputado provincial Edgardo Gabriel Reguera, del interbloque Chaco Puede, presentó ante la Cámara de Diputados del Chaco un proyecto de ley que modifica los artículos 276 y 289 de la Ley N° 965-N —el Código Procesal Penal provincial— e incorpora el artículo 289 bis, bajo el título de "reiterancia delictiva". Según sus fundamentos, la iniciativa busca dotar a jueces y fiscales de una herramienta objetiva frente a la denominada "puerta giratoria" del sistema penal: personas con múltiples causas en trámite que recuperan la libertad y continúan delinquiendo.

El proyecto no llega aislado. En marzo de 2025 el Congreso Nacional sancionó la Ley 27.785, que incorporó la reiterancia delictiva al Código Procesal Penal Federal (arts. 17 y 222 bis) y al Código Procesal Penal de la Nación. Provincias como Tucumán, Santa Fe, Mendoza, Chubut y Formosa ya cuentan con herramientas procesales en el mismo sentido. El Chaco se suma a una tendencia legislativa nacional real, no a una ocurrencia aislada. Ahora bien: la lectura artículo por artículo muestra que buena parte de lo que el proyecto presenta como innovación ya está en el Código vigente.

ILo que cambia, artículo por artículo

IIEl dato que el proyecto no verifica

Los fundamentos presentan la reiterancia delictiva como una figura a incorporar. No lo es: el art. 289 vigente del CPP Chaco ya contempla la "reiteración de actividad delictiva" entre las circunstancias de las que se infiere peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación. La distinción que el proyecto traza entre reincidencia (que exige condena firme) y reiterancia (procesos en trámite sin condena) es correcta como categoría dogmática, pero no es una distinción nueva: ya operaba, de hecho, en la práctica judicial chaqueña bajo la fórmula abierta actual.

Lo que efectivamente cambia son dos cosas. Primero, la reiterancia pasa de ser un estándar abierto —que un fiscal podía construir con antecedentes de distinta naturaleza y calidad, sujeto a control judicial caso por caso— a un criterio formal y objetivo: dos o más procesos en trámite con imputación formal por delitos con pena privativa de libertad, sin exigir condena en ninguno. Segundo, con el art. 289 bis, deja de ser un indicio puntual para inferir un peligro procesal específico y pasa a ser un criterio de valoración general aplicable a cualquier medida de coerción.

IIIEl nudo constitucional: el nuevo artículo 276

La reforma más sensible del paquete no es la reiterancia: es la ampliación de las finalidades del art. 276. El texto vigente limita la restricción de la libertad a fines estrictamente procesales —verdad y actuación de la ley—. El proyecto agrega "protección de las víctimas" y "seguridad pública" como finalidades autónomas. Tres objeciones técnicas:

IVLo que el proyecto hace bien

El análisis crítico no debe ocultar los aciertos técnicos. Reemplazar un estándar abierto ("reiteración de actividad delictiva") por una definición objetiva y verificable reduce la discrecionalidad fiscal para invocar reiterancia con antecedentes de calidad dispar —denuncias, causas archivadas, imputaciones informales—. En ese sentido, el proyecto da previsibilidad y control judicial más claro sobre qué cuenta como reiterancia. El costo de esa previsibilidad es la automatización del disparador: dos causas formales en trámite, sin condena en ninguna, ya configuran el supuesto.

El proyecto tampoco convierte a la reiterancia en causal automática de detención —el art. 289 bis exige ponderarla "conjuntamente con los restantes elementos del caso"—, y mantiene el carácter excepcional y fundado de la prisión preventiva declarado en los propios fundamentos. La discusión de fondo, entonces, no es si la reiterancia debe existir como criterio —ya existe—, sino si el art. 276 debe ampliar las finalidades de la restricción de libertad más allá de lo cautelar.