El 8 de mayo de 2026, el Salón Azul del Senado de la Nación fue sede de la Jornada Latinoamericana para la Prevención de las Violencias contra Niños, Niñas y Adolescentes, organizada por la Red por la Infancia con el apoyo de alianzas internacionales como WeTech Global Alliance y Chu Ciro. Participaron representantes de los tres poderes del Estado, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y especialistas llegados de varios países de la región.

Tres intervenciones marcaron el tono del encuentro: la apertura de la senadora Gabriela Valenzuela, la exposición de la fiscal Daniela Dupuy —al frente de la Unidad Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas del MPF de CABA— y el análisis clínico y protocolario del licenciado en psicología Alejo De Zan, referente del protocolo de Entre Ríos. Las tres voces construyen un cuadro completo: el alcance legislativo y político, la dimensión operativa y los datos, y la perspectiva clínica sobre cómo escuchar a un niño que habla.

ILa senadora Valenzuela: el 80% de la violencia ocurre en el hogar

Valenzuela abrió la jornada con un diagnóstico que interpela a la sociedad en su conjunto: en Argentina el 80% de la violencia contra niñas y niños ocurre en el hogar. Ocho de cada diez niños que sufren violencia la sufren en el espacio que debería ser su lugar más seguro, a manos de personas de su entorno de confianza.

La senadora identificó con precisión el mecanismo que perpetúa el problema: la violencia está naturalizada. No siempre se la reconoce como tal. El miedo, el sometimiento y la culpa que sienten las propias víctimas —y sus entornos— generan un manto de silencio que impide la denuncia oportuna. "La violencia ocurre pero no siempre se ve", señaló, "y lo que no se ve no se atiende a tiempo".

Valenzuela ubicó la violencia digital como una modalidad emergente que obliga a actualizar tanto la legislación como los instrumentos de intervención. La referencia es directa al grooming, al ciberacoso y al material de abuso sexual infantil distribuido en redes —el fenómeno que Dupuy desarrollaría minutos después con números que nadie en la sala esperaba escuchar.

IILa fiscal Dupuy: 62 millones de archivos y 4 condenados en 48 horas

La exposición de Dupuy fue la más técnica y la más contundente de la jornada. Comenzó con una aclaración conceptual que cambia el modo en que se entienden los "reportes": no son denuncias abstractas. Son fotos y videos de bebés, niños y niñas siendo abusados sexualmente, distribuidos en redes internacionales de explotación.

El sistema funciona así: una ley federal de Estados Unidos obliga a plataformas como Microsoft, Twitter y TikTok a reportar al NCMEC —una ONG especializada— cuando detectan que sus usuarios suben, distribuyen o publican imágenes o videos de abuso sexual infantil. Cuando el NCMEC determina que el material o el autor está vinculado a Argentina, el reporte llega al MPF de CABA, que gestiona esa información y la distribuye a los fiscales del resto del país según la jurisdicción de cada caso.

Para Argentina, los datos de 2025 ya eran alarmantes: más de 157.000 reportes ingresados al MPF CABA durante el año. En lo que va de 2026, a pocas semanas de mitad de año, el número ya supera los 82.336. La proyección que Dupuy dejó en el aire sin calculadora es escalofriante: el ritmo de crecimiento sugiere que 2026 superará ampliamente el registro de 2025.

La semana anterior a la jornada, el MPF CABA lideró una operación multinacional que involucró a más de 15 países de Latinoamérica, más España y Francia: 269 allanamientos simultáneos, cerca de 100 detenidos, más de 150 celulares y 350 dispositivos adicionales secuestrados. En CABA, cuatro personas fueron condenadas dentro de las 48 horas siguientes a su detención, gracias al sistema acusatorio del Código Procesal Penal porteño que permite juicios abreviados con reconocimiento de responsabilidad penal.

Dupuy cerró su exposición anunciando el paso siguiente: la identificación de víctimas mediante inteligencia artificial. El Cuerpo de Investigaciones Judiciales de CABA posee una herramienta de IA específicamente entrenada para identificar a niños abusados en los archivos analizados —muchos de ellos fuera del país— y generar nuevas líneas de investigación orientadas al rescate. Es el salto de la persecución del autor a la protección activa de la víctima.

IIIAlejo De Zan: el protocolo que no alcanza si no se entiende el poder

De Zan fue el contrapeso necesario a los números: la perspectiva clínica y crítica sobre lo que ocurre cuando un niño llega al sistema de justicia después de haber sufrido violencia sexual. Su punto de partida es una advertencia que interpela directamente a los operadores jurídicos: los protocolos solos no alcanzan, y muchas veces son usados para sustituir el compromiso, la responsabilidad y el sentido común que ninguna guía puede reemplazar.

Su argumento central: el abuso sexual infantil no es primariamente un delito sexual. Es un abuso de poder. La asimetría de poder —física, de género, generacional, de conocimiento— entre el adulto abusador y el niño abusado es la condición que hace posible el delito y la que determina las consecuencias traumáticas. Si los operadores —jueces, fiscales, peritos, docentes, médicos— no comprenden esa asimetría en profundidad, cualquier intervención puede reproducirla.

Sobre la revictimización, De Zan hizo una precisión que el ámbito jurídico suele pasar por alto: revictimizar no es solo citar al niño a declarar más de una vez. Es cualquier práctica que reproduzca las condiciones de sometimiento y objetivación propias del abuso. Eso incluye tratar al niño como "objeto-prueba" dentro de la investigación, reproducir las asimetrías de poder durante la entrevista, no anticipar lo que va a ocurrir —generando nuevas experiencias traumáticas— o usar el protocolo de manera rígida sin atender al estado real del niño.

Sobre la Cámara Gesell —que él llama correctamente "declaración testimonial videograbada"—, De Zan advirtió sobre el peligro de fetichizar el instrumento: el valor de la entrevista depende enteramente de quién la conduce, con qué comprensión del trauma y con qué capacidad de crear condiciones para que el niño pueda hablar. Una Cámara Gesell mal conducida es, ella misma, una forma de victimización secundaria.

El Protocolo de Entre Ríos que lidera tiene una innovación que merece atención especial: el "informe de sospecha". En lugar de exigir al docente o al médico que formulen la denuncia penal —una carga que en la práctica inhibe denunciar—, el sistema canaliza el reporte al Defensor Penal de Niños, Niñas y Adolescentes de cada jurisdicción, quien es el que formula la denuncia ante el fiscal. Esto protege al denunciante institucional y ha aumentado significativamente la tasa de reportes en la provincia. En 2025, el protocolo fue nuevamente puesto en revisión para incorporar la dimensión de las violencias digitales.

IVLo que la jornada instala en la agenda jurídica

Las tres intervenciones, vistas en conjunto, describen un sistema que funciona pero que está desbordado. La fiscal Dupuy opera con 82.336 reportes en lo que va del año; cada reporte puede contener decenas o cientos de archivos de abuso. El protocolo de De Zan existe desde 2016 y sigue siendo el más avanzado del país. La senadora Valenzuela llama a una agenda regional que "no pierda de vista a cada niño".

El dato del 80% de violencia intrafamiliar que repitieron tanto Valenzuela como De Zan tiene una consecuencia jurídica directa: la mayoría de las víctimas están en riesgo permanente porque conviven con el abusador. Ese es el contexto en el que llega un niño a la Cámara Gesell, a veces sin estar protegido, a veces sin que nadie haya verificado antes si puede hablar en condiciones mínimas de seguridad. El protocolo de Entre Ríos busca resolver exactamente eso: que el defensor de NNyA evalúe las condiciones del niño antes de que el sistema lo convoque a declarar.

Para los operadores del sistema —jueces, fiscales, defensores, peritos—, la jornada deja tres mensajes que vale la pena retener. Primero: la escala del fenómeno digital supera cualquier capacidad de respuesta puramente reactiva; sin prevención y sin cooperación internacional, la investigación siempre llegará tarde. Segundo: el sistema acusatorio con juicios abreviados demostró eficacia para casos de explotación sexual infantil —cuatro condenas en 48 horas es un indicador que los sistemas inquisitivos difícilmente pueden igualar. Tercero: ningún protocolo protege a un niño si quien lo aplica no comprende la asimetría de poder que hace posible el abuso.